Manifiesto a partir de la Cumbre Agraria de Ecuador en el Día Mundial contra la Megaminería
Desde la aprobación de la Ley Minera de 2009, en lugar de cumplir con el mandato minero aprobado en la Asamblea Constituyente, el Gobierno ecuatoriano impulsa la megaminería a través de una serie de incentivos tributarios y fiscales a la inversión extrajera, directa o mediante alianzas público privadas. En gran medida, estas políticas representan una continuación de la agenda neoliberal impulsada en décadas anteriores.
En medio de la crisis económica y durante el último año del periodo de Gobierno de Rafael Correa, se inició un proceso de apertura del Catastro Minero a través de mecanismos administrativos y un procedimiento de subasta y remate de concesiones por parte del Ministerio de Minería y de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM). Por la vía administrativa se quieren concesionar alrededor de 1’300.000 hectáreas y, a través del mecanismo de subaste, 432.251 hectáreas. A estas nuevas concesiones se suman más de 1’113.000 hectáreas actualmente inscritas en el Catastro Minero. En total son casi 3’000.000 de hectáreas para exploración geológica y desarrollo de proyectos mineros, entre los cuales destacamos 5 proyectos estratégicos: Mirador, Panantza-San Carlos, Fruta del Norte, Loma Larga (Quimsacocha) y Río Blanco.