La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) concluyó el proceso de revisión, inspección y verificación a 1,130 instalaciones mineras que operan legalmente en el país, con la clausura de 71 centros de operación y extracción así como la aplicación de multas por un total de 44.29 millones de pesos.
Las acciones a cargo de la Subprocuraduría de Inspección Industrial de la PROFEPA establecen que las instalaciones clausuradas (61 con carácter total temporal y 10 de manera parcial temporal) se ubican en los estados de Puebla, Querétaro, Colima, Tabasco, Jalisco, Chiapas, Baja California Sur y Sonora.
Además, gracias a las visitas de inspección se impusieron medidas de correctivas a 658 minas en las que se encontraron irregularidades menores que no representaban riesgos inminentes al equilibrio ecológico o al medio ambiente, toda vez que la mayoría fueron de carácter administrativo.