Busca acomodar la actividad minera a lo que determina la Ley 7722. El secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, busca desmitificar la explotación no metalífera y avanzar con iniciativas que si cumplen la legislación vigente.
El 17 de diciembre de 2015, hace un mes, la Suprema Corte de Justicia le puso punto final (y por goleada) al largo conflicto entre mineros y ambientalistas por la constitucionalidad de la ley 7.722. Hoy, con las reglas claras, el Gobierno provincial intenta desmitificar la actividad y avanzar con iniciativas que si cumplen la legislación vigente.
El fallo de la Suprema Corte clausuró la posibilidad de desarrollar proyectos metalíferos que utilicen productos químicos como el cianuro en la provincia. Sin embargo, eso no significa que se le haya firmado el certificado de defunción definitivo a la actividad.