Persiste la desconfianza de parte de los pobladores que habitan en la cuenca Jatun Ayllu (Lampa) y parte de Llallimayo (Melgar) respecto a los resultados de los monitoreos de posible contaminación minera. En la víspera, los pobladores del distrito de Ocuviri (Lampa) se reunieron para escuchar el pronunciamiento de las entidades fiscalizadoras del recurso hídrico, el tema central fue el resultado de los monitoreos realizados en reiteradas oportunidades en la cuenca Jatun Ayllu y ríos adyacentes; sin embargo se quedó en descontento.
El proceso de diálogo se realiza en una situación complicada entre las autoridades fiscalizadoras, la minera Aruntani y los moradores que se sientes afectados en Lampa y zonas bajas, puesto que no hay entendimiento entre las partes.
La autoridad sanitaria dictó un sumario en contra de la Minera Vizcachitas, responsable del proyecto conocido como Andes Cooper en el río Rocín, en Putaendo.
Mediante una carta a los Ministros de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA, denunció que la posición nacional en las reuniones del comité intergubernamental de negociación en torno al convenio de Minamata (para la reducción y eliminación del Mercurio) haya sido delegada al gremio minero privado.
De acuerdo con la base a datos del Registro Público de Derechos de Agua, la industria minera en México utiliza 437 millones de metros cúbicos mineros al año, cantidad que podría servir para llevar agua a 3 millones 229 mil mexicanos, dijo Manuel Llano Vázquez Prada, investigador de Cartocrítica, organización que busca promover la transparencia y el acceso a la información pública, así como el acercamiento a la tecnología geoespacial y el análisis cartográfico. 
Sr. Enrique Peña Nieto
Presidente de la República Mexicana
Lic. Claudia Ruiz Massieu
Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores
Lic. Luis Raúl González Pérez
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Estudiantes de todos los niveles educativos así como organizaciones no gubernamentales participaron en la tercera edición del desfile ecológico en la localidad de Santo Domingo Zanatepec, en donde el lema principal fue “No a la minería, si la vida”.
La empresa brasilaña transfirió derechos de varias minas que tenía en Mendoza y busca vender el proyecto de sales de potasio. Vale no presentó la Declaración de Impacto Ambiental, algo que debe cumplir periódicamente en caso de una mina activa o en construcción. El Gobierno de Mendoza está buscando inversores. El plazo máximo para el abandono de una mina es de 4 años según el Código de Minería, a partir de allí se puede decretar la caducidad de la concesión.
En el país de la corrupción galopante, donde parlamentarios reciben dineros ilegales para campañas, ministros reciben coimas, donde candidatos tienen a disposición aviones privados, donde la iglesia ampara la pedofilia, donde miembros de las Fuerzas Armadas roban dineros provenientes del Cobre, donde el presidente del Futbol pasa vacaciones en Miami con dineros robados, donde la familia de la presidenta se enriquece ilícitamente… la esperanza era la justicia.
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 15 de marzo de 2016.
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ordenó la clausura definitiva de instalaciones de extracción de agua del yacimiento aurífero Maricunga, ubicado 160 kilómetros al noreste de Copiapó. Esto, luego de comprobar que debido a su operación se desecaron humedales ubicados en torno al complejo. La SMA detalló que, sin los pozos, la minera de la canadiense Kinross Gold, no puede operar, ya que son las únicas fuentes de agua de las que dispone. Este es el mayor caso de daño ambiental detectado hasta ahora por la Superintendencia. La autoridad medioambiental notificó la tarde el viernes la sanción a la unidad de Kinross tras constatar la desaparición de cerca de 70 hectáreas del humedal Valle Ancho, ubicado en las cercanías del Parque Nevado Tres Cruces, en la Región de Atacama. En esta zona habitan especies vulnerables como flamencos, guanacos y vicuñas. «Frente a la gravedad de los hechos, nos hemos visto obligados a aplicar una de las sanciones más severas establecidas en la Ley Orgánica de la SMA», dijo el Superintendente Cristián Franz.