Activistas y miembros de la sociedad civil consideraron un «simulacro» las mesas de diálogo de consulta pública para determinar la factibilidad de colocar una mina en la zona de Samalayuca, las cuales fueron colocadas por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
La reunión se llevó a cabo en un salón de eventos del hotel «María Bonita», donde desde las 9 de la mañana acudieron miembros de la sociedad civil, investigadores de la UACJ y algunas autoridades estatales.
Afuera del hotel, un grupo de manifestantes colocó mantas en donde se hacía notar la inconformidad para que se ponga en marcha la mina en la zona de Samalayuca, pues no sólo afectarían a la flora y fauna de ese lugar, sino el agua que consumimos.
El Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios demandó a las autoridades cancelar las órdenes de aprehensión giradas contra 14 opositores a la minera Plata Real, en la comunidad zapoteca Magdalena Teitipac, y liberar de inmediato al defensor comunitario Pedro Aguilar Aguilar.
Dentro de la cartera de proyectos mineros en el Perú hay ocho empresas chinas que invierten en operaciones, construcción y exploración por un total de US$ 22,659 millones.
En la madrugada de este lunes (17.8.2015), un grupo de activistas del medioambiente volvieron a protestar contra la extracción de 
Catorce defensoras y defensores comunitarios de derechos humanos enfrentan procesos penales en su contra, consecuencia de su labor de defensa contra la compañía minera Plata Real S. de R.L. de C.V., por lo que la comunidad zapoteca de Magdalena Teitipac, Oaxaca, vive una situación de conflicto social y ambiental desde hace 6 años.
La mitad del departamento del Quindío podría convertirse en una desértica mina. John James Fernández, director de la Corporación Regional del Quindío, CRQ, lanzó la advertencia. Aunque la naturaleza hoy predomina en el llamado ‘Corazón Verde de Colombia’, en las oficinas de la Agencia Nacional Minera, ANM, cuya sede central está en Bogotá, se cuece lo que podría convertirse en un ‘apocalipsis’ ambiental para la región.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) calificó este martes las 1.571 firmas que la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua del cantón Girón, en la provincia del Azuay presentó y que respaldan la convocatoria a una consulta popular, que decida la explotación minera a gran escala en esa zona del país. Ahora, la Corte Constitucional (CC) deberá anlizar la constitucionalidad de la pregunta que se realizará a la población.
El periodo político que estamos viviendo en Chile, está marcado por el agotamiento de la política de los consensos que ha primado los últimos 25 años, que entre otras cosas, tuvo como consecuencia mantener y profundizar un marco constitucional ilegítimo creado en dictadura y un sistema político antidemocrático. Pero también, por la irrupción de ciudadanos y ciudadanas que demandan reformas estructurales al modelo chileno a nivel de su marco constitucional. La Constitución crea el Estado subsidiario, protege la libre empresa y la propiedad privada al mismo nivel que las garantías constitucionales esenciales, no garantiza los derechos sociales o colectivos, y sienta las bases para la privatización y depredación de los bienes comunes como los minerales y el agua, la biodiversidad, el aire, la memoria, entre otros.
Con enorme preocupación y molestia, la Asamblea por el Agua del Guasco Alto, denunció una serie de irregularidades que permiten suponer que el Estado ha retrasado la promulgación de la norma secundaria de aguas para el valle, aquella que establece la calidad ambiental de las aguas superficiales, por presiones fundamentalmente de Barrick Gold.