El nueve de noviembre se aprobó una nueva ley cuyo objeto declarado es «la promoción de la inversión para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible, en las zonas de mayor exclusión social». En ella, se opera cambios en el sistema nacional de evaluación de impacto ambiental; además, se establecen medidas sobre residuos sólidos, simplificación administrativa y promoción de la inversión, simplificación de procedimientos para establecer servidumbre en terrenos eriazos y protección de derechos de vía y de localización del área otorgados para proyectos de inversión y simplificación de procedimientos para la obtención de bienes inmuebles (expropiación) para obras de infraestructura de gran envergadura.
En este artículo nos referiremos a los cambios operados en el sistema nacional de evaluación ambiental, los cuales, según esta ley, se realizan para optimizar y fortalecer el sistema. La pregunta que nos realizamos es en qué sentido se impulsan esos cambios, si éstos abonan a que el sistema cumpla satisfactoriamente su rol preventivo o solamente busca facilitar el camino para que las autorizaciones ambientales salgan con mayor rapidez, sacrificando la calidad de las mismas.