Por: Lucio Cuenca Berger
Director
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA

Leyendo una entrevista en la revista Qué Pasa a Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, entidad que reúne a la minería Transnacional y Codelco, me sorprendí tanto con los excesos en los que incurría, que me sentí interpelado a escribir estas reflexiones.

Entre otras cosas, se refirió a la conducta de ciertos ministros de la Corte Suprema como de activismo judicial, dando a entender que los argumentos de las comunidades que luchan en marcos de brutal asimetría, para defender su derecho a la vida, a la salud y a un medio ambiente libre de contaminación, no tienen validez, por eso requieren de ministros militantes que hagan el favor de validarlos. Soberbia impresentable que desdeña al poder judicial y a las comunidades, es decir a todo lo que se oponga a las brutales tasas de ganancia que les ha permitido acuñar la megaminería química en un país que socializa los costos y privatiza las utilidades. “Hoy nos encontramos con algunas resoluciones que obedecen a una especie de activismo judicial, donde los jueces están resolviendo más en base a convicciones personales que a aquello que señala expresamente la ley”, acusó el dirigente minero.

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Regiones como Atacama tienen concesionado casi todo su territorio, lo que está asociado con una fuerte actividad especuladora. Senadores pidieron antecedentes al Ministerio de Minería. Empresas de otros rubros han debido recurrir a ello para blindarse.

Inmobiliarias, retailers, desarrolladores de proyectos de energías renovables y de líneas de transmisión. Todas empresas que no pertenecen a la minería, pero que se han visto obligadas a constituir propiedad minera para asegurar el normal desarrollo de sus proyectos. Esto ante el explosivo aumento de las solicitudes de concesión minera en el país en los últimos años, lo que no se relaciona precisamente con un alza del interés por desarrollar exploración o explotación de este tipo, sino que sólo con un fin especulativo.

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El abogado Mauricio Daza valoró el fallo de la Corte de Apelaciones que obliga a la SVS a entregar las formulaciones de cargos de Julio Ponce y otros tres ejecutivos, luego de haberse negado a dar la información al Ministerio Público.

El abogado Mauricio Daza, representante del accionista minoritario de SQM Roberto Lobos, quien se querelló contra el controlador de la minera no metálica Julio Ponce, calificó como relevante para el proceso la entrega por parte de la SVS a la Fiscalía de los antecedentes sobre la formulación de cargos contra Ponce y otros tres ejecutivos, por eventuales infracciones a las leyes de Mercado de Valores y de Sociedades Anónimas, a raíz del dictamen de este lunes de la Corte de Apelaciones de Santiago contra el ente regulador.

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