En estos días Minera Alumbrera estuvo realizando un cambio de un tramo del mineraloducto que pasa por el Río Gastona en Concepción, Prov. de Tucumán. Ya había realizado la misma tarea en setiembre de 2009 (ver foto archivo).
Recordemos que el mineraloducto trae una mezcla de minerales desde la explotación de Bajo La Alumbrera en Catamarca y luego de un recorrido de 320 km, pasando ríos, quebradas, cerros y al costado de poblaciones, llega a la Planta de Filtros en Ranchillos, Tucumán.
Convocados por la Comisión de Apostolado Social de la Compañía de Jesús en Centroamérica se reunieron en San Salvador del 17 al 20 de septiembre representantes de comunidades, de organizaciones ecologistas y populares, de universidades jesuitas, de pueblos originarios y de la Iglesia católica y de Iglesias evangélicas, de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, para reflexionar y debatir sobre el extractivismo minero en Centroamérica. Ésta fue la Declaración final, suscrita también por la revista Envío.
– En Lima provincias y Huánuco por contaminación ambiental provocada por la minera Raura; en La Libertad, por incumplimiento de medidas del Gobierno para la formalización de la minería informal y, en Puno, por formalización de minería artesanal.
La Defensoría del Pueblo, en su último Reporte correspondiente al mes de septiembre, registró siete nuevos conflictos sociales, tres de ellos de indole socioambiental, y ciento diecisiete acciones colectivas de protesta a nivel nacional.
De los siete nuevos conflictos sociales identificados, dos de ellos se ubican en la región Apurímac y otros dos en la región Puno; los tres restantes se sitúan en las regiones de La Libertad, Lima Provincias y Lambayeque.
Desde los años 90 del siglo pasado se han concesionado 96 millones de hectáreas
México se ha convertido en paraíso fiscal para las empresas mineras de Canadá —que dominan la extracción de oro y plata en el país—, porque éstas sólo aportan al fisco el pago de derechos sobre concesiones, como se establece en el artículo 27 de la ley en la materia.
En el primer año de operación esos consorcios pagan 5.70 pesos por el uso de una hectárea; en el tercer y cuarto años de vigencia de la concesión, ocho pesos 52 centavos. El décimo año se aplica la cuota más elevada por usos de hectárea de 124 pesos 74 centavos.
En cuanto a los permisos para hidroeléctricas, además de Olintla, que ya fue cancelado por Grupo México, existen los proyectos “Puebla” por parte de la empresa Deselec, que perjudica a Ahuacatlán y San Felipe Tepatlán, entre otros ■ Foto Cecilia Zeledón / Archivo de La Jornada de Oriente
Una serie de documentos de la Cámara de Diputados revela que en el estado de Puebla están autorizadas 90 concesiones mineras así como ocho hidroeléctricas, que abarcarán a 31 municipios de la Sierra Norte.
Esta información se difundió a partir de las gestiones que están realizando pobladores de esta región, particularmente del municipio de Olintla, que tras haber rechazado a Grupo México, que determinó cancelar su hidroeléctrica en el río Zempoala, ahora buscan la cancelación de todas esas concesiones.
El Consejo Tiyat–Tlali, de la Sierra Norte de Puebla, así como la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), se pronunciaron en contra del uso de la técnica de fractura hidráulica en la extracción de hidrocarburos en el Proyecto Chicontepec, que abarca los municipios poblanos de Venustiano Carranza, Pantepec y Francisco Z. Mena.
En el marco del Día Internacional en contra de la Fractura Hidráulica, que se celebra este 19 de octubre, estas organizaciones exigieron la prohibición de esta práctica, como ya lo hicieron países como Francia, Alemania, España, Irlanda y Canadá.
«El mayor responsable de la utilización del asbesto en Chile es Canio Corbo, quien debería estar preso», expresó Adrián Prieto, integrante de Unidos Contra el Asbesto (UCA).
Enviándole un saludo a Humberto Bravo, trabajador de Pizarreños S.A., quien murió hace dos días por asbestosis, el dirigente narró que «todo Chile está contaminado con algo, cada territorio tiene una problemática y en Maipú han muerto 300 personas, y en San Pedro de la Paz, unos 150 producto del asbesto.
«Es un verdadero genocidio», explica y narra que el Estado ha sido cómplice de Pizarreños.
Están todas y todos cordialmente invitados a participar del lanzamiento del libro «Fibras Grises de Muerte. El silencio del mayor genocidio industrial en Chile», una investigación gestionada para visibilizar la problemática socioambiental del asbesto en Chile.
La actividad se realizará el día martes 22 de octubre a las 19:30 hrs. en la Sala Ricardo Donoso del Archivo Nacional, en la Biblioteca Nacional, ubicada en Miraflores #50, Santiago.
Con mucho entusiasmo y optimismo las mujeres originarias indígenas y campesinas de comunidades de los departamentos de La Paz, Cochabamba, Potosí, Oruro y Tarija reunidas en el “Encuentro Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra frente al Extractivismo” el 14 y 15 de octubre en la ciudad de La Paz, decidieron tomar en sus manos la exigencia de solución a los problemas causados directamente a las mujeres por operaciones mineras y petroleras, dando nacimiento a la Red Nacional de Mujeres en Defensa de Madre Tierra.
Se trata de la compensación ambiental que las compañías están obligadas a realizar, como la plantación de árboles
El delegado en Puebla de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Humberto Aguilar Viveros, dijo que los proyectos de mineras o hidroeléctricas que se establezcan en el estado tienen que contener un plan ambiental, que considere el daño que causarán a la ecología y la forma en lo resarcirán.
Explicó que se trata de la compensación ambiental que las compañías están obligadas a realizar, como la plantación de árboles.