Un accidente en una presa de residuos minerales de la compañía Peña Colorada afectó viviendas y manantiales de varias comunidades en los límites de Jalisco y Colima. Sin embargo, los conflictos interestatales son el pretexto de las autoridades de ambas entidades para no atender las denuncias de los pobladores, que en la opinión de ambientalistas y defensores de derechos humanos están en peligro por la contaminación que genera impunemente la minera.
Sin respuesta de autoridades estatales y federales a la denuncia de los perjuicios ocasionados por un derrame de desechos de la mina Peña Colorada en septiembre pasado, habitantes de comunidades nahuas de la Sierra de Manantlán preparan un juicio de amparo por violaciones al derecho de petición, advierte Óscar González Garí, representante de la Red Jalisciense de Derechos Humanos (RJDH).
Sindicalistas canadienses reprueban la violación a derechos humanos por parte de empresas trasnacionales instaladas en municipios como San José del Progreso y Capulálpam
A 7 años de la explosión en la mina Pasta de Conchos, el gobierno federal tiene pendientes reformas a la Ley de Minas y la posibilidad de efectuar un nuevo estudio para saber si las condiciones de la mina permiten ya la recuperación de 63 cuerpos que allí permanecen.
– Según estudio técnico los cuatro reservorios que pretende construir Yanacocha en vez de activos ambientales y sociales se convertirán en pasivos ambientales y en una carga social.
El director ejecutivo del Fondo Humanitario de la unión y líder del Departamento Nacional de Asuntos Globales y Laborales, Doug Olthuis, dijo que desde el 14 de febrero iniciaron una investigación en donde constataron violaciones por parte de la empresa.
Laura Ramírez, activista canadiense, se pronunció en contra de las empresas mineras que saquean los recursos naturales de comunidades pobres del estado de Oaxaca, siendo el caso de la empresa minera Cuzcatlán de la canadiense Fortuna Silver Mines, que inició sus operaciones sin el consentimiento de la comunidad.