El intendente de Tinogasta, Hugo «el grillo» Ávila, amenazó en medios radiales que iba a desalojar por la fuerza el bloqueo selectivo e informativo que mantiene el pueblo tinogasteño sobre la Ruta Nacional 60, el cual impide hace ya más de un año el paso de maquinarias y de camiones con insumos y explosivos con destino hacia los distintos proyectos megamineros de la región.
Esta mañana, en la radio «FM Acuario», el intendente del Frente para la Victoria dejó en claro que no permitiría que continúe el acampe realizado por la Asamblea de Tinogasta Darío Moreno, en el marco del bloqueo selectivo e informativo, y que lo desalojaría por la fuerza.
La Asociación Servicios Educativos Rurales (SER) presentará el jueves 14 de marzo el libro “Los límites de la expansión minera en el Perú”, que reúne tres investigaciones sobre conflictos en Ayacucho, Cajamarca y Puno. La cita es a las 6:30 p.m. en el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), ubicado en la Av. Arnaldo Márquez Nº 2277, en Jesús María.
Patrones deben presentar la Declaración de la Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo (DPSRT).
Los ediles criticaron el proyecto minero Los Pumas, de la empresa Minera Hemisferio Sur S.C.M., que busca extraer manganeso en Parinacota. Aseguran que no hubo consulta a las comunidades indígenas de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Por Ceferino San Martín *
Desde el 2005 la CC viene resolviendo que las consultas comunitarias son inconstitucionales. En ese año estuvo de acuerdo con la trasnacional Montana Exploradora y declaró inconstitucional la consulta de Sipakapa, donde el 98% de las y los vecinos rechazaron la presencia de la Mina Marlin. En el año 2009 la CC, aceptando el argumento de la Cámara de Industria, también declaró inconstitucional la consulta que se hizo en San Juan Sacatepéquez (2007) donde la mayoría de vecinas y vecinos rechazaron la presencia de Cementos Progreso. La Corte rechazó la consulta de San Juan Sacatepéquez, pero en su resolución no tuvo ningún empacho en calificar a la industria cementera como “un bien indispensable para el desarrollo del país”. Y el año pasado la CC batió record de rapidez declarando inconstitucionales las consultas de Mataquescuintla y Santa Rosa de Lima, donde la mayoría de vecinos votó en contra del proyecto minero El Escobal.