Las mama t’allas del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) mostraron su preocupación y rechazo a la minería que contamine sus tierras ancestrales en un taller que recientemente se realizó en la ciudad de Oruro, donde se debatieron proyectos de leyes que trabaja el gobierno como el de la consulta. Anunciaron que están dispuestas a morir por sus territorios.
Imagen de una de las víctimas de los disparos de los guardias privados de Tahoe Resources (Goldcorp).
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En Junio de 2012, un panel internacional de jueces convocada para llevar a cabo la primera Pueblos jamás Tribunal Internacional de la Salud a examinar las prácticas de Goldcorp en México, Honduras y Guatemala. El 15 de junio del 2012, se emitió un veredicto de culpabilidad, declarando:
«Encontramos Goldcorp culpable por sus actividades en Honduras, Guatemala y México, los que encontramos a ser seriamente perjudicial para la salud y la calidad de vida, la calidad del medio ambiente, y el derecho a la libre determinación de las comunidades indígenas y campesinas afectadas».
COPIISCO Rechaza profundamente la política de Estado implementada por el gobierno de Otto Pérez molina, que desde el ministerio de Gobernación a través de su ministro promueve la acción violenta en contra de las comunidades y lideres comunales que rechazan los proyectos mineros que están provocando un nivel peligroso de conflictividad y desestabilización de las comunidades.
Esta política hace que el Ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla se convierte en defensor público de las empresas que agreden, balean y asesinan a la población con la excusa que son los comuneros quienes se manifiestan violentamente.
La corte de apelaciones de Copiapó rechazó un recurso de protección presentado por el diputado Lautaro Carmona y la comunidad colla Paiote, ubicada en la precordillera de la provincia.
La instancia buscaba frenar la Resolución de Calificación Ambiental del mega proyecto minero Cerro Casale, de la transnacional Barrick, aludiendo a una falta que se habría cometido en el proceso de evaluación ambiental al no consultar a las comunidades indígenas en la tramitación del proyecto, como lo establece el Convenio 169 de la OIT.
Más de 60 personas han muerto a causa de un derrumbe en una mina de oro en Sudán, según informaron las autoridades locales.
Según publicó el portal Allafrica.com, el derrumbe se produjo el pasado lunes en el estado de Darfur del Norte. Por el momento se desconoce el destino de unas 95 personas que se encontraban en el lugar del accidente.
La minera Peñasquito, propiedad del consorcio canadiense Goldcorp, opera entre la animadversión de ejidatarios del municipio de Mazapil, a quienes debe devolver por orden judicial más de 600 hectáreas, y si bien prevé producir un promedio de 500 mil onzas de oro anuales en los 22 años que operará, también causa grave contaminación con la tierra y los sedimentos que deja en la atmósfera debido al uso de explosivos y el transporte de miles de toneladas de tierra las 24 horas del día.
El gerente de operaciones extractivas de Peñasquito, Carlos Almanza, asegura que los caminos hacia la mina se riegan cada día con miles de litros de agua para evitar la polución. No obstante, una gris y densa nube de polvo está permanentemente sobre el complejo.
Seis personas resultaron heridas de bala, dos de ellas de gravedad, el sábado por la noche cuando un grupo de vecinos caminaba frente a las instalaciones de la mina San Rafael, en San Rafael Las Flores, Santa Rosa, en un camino de terracería hacia la aldea El Volcancito, informaron hoy vecinos del lugar.
Cuatro vecinos fueron dados de alta del hospital de Cuilapa, donde fueron atendidos por rozones de bala.
No se modifica en absoluto el modelo extractivista: Arturo Burnes
El 5% que aportarán se distribuirá entre la Federación, estado y municipio explotado
Se dice que la minería es actividad de carácter público, pero en realidad es privada
Corporativos ejercen fuerte presión sobre comunidades para despojarlas de la tierra
Por Marcela Valente
Argentina abraza la fractura hidráulica como opción para extraer grandes existencias de gas natural no convencional.
El entusiasmo del gobierno y de las empresas por el potencial de Argentina en hidrocarburos no convencionales es proporcional a la resistencia que muestran los habitantes de las zonas que albergan esos recursos.
Pueblos originarios, vecinos, académicos y ambientalistas alertan sobre el riesgo de severo daño ambiental que implica la fractura hidráulica (“fracking”, en inglés), requerida para extraer gas de esquisto.