En la conferencia de Río+20, el presidente Juan Manuel Santos anunció al mundo «la declaratoria de un área estratégica minera de 17,6 millones de hectáreas para garantizar la minería sostenible en una región de altísima biodiversidad en Colombia», ubicada en gran parte en el este de la Amazonia, una de las regiones mejor conservadas del país.
¿Se trata, acaso, de un acto de osadía, de una expresión de cinismo o de un chiste flojo, el afirmar, justamente en la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible, que crear un área estratégica minera en el corazón de la Amazonia colombiana es algo así como una panacea para conservar su diversidad biológica y cultural?
El Gobierno ha señalado que mediante esta declaratoria se propone entregar los títulos mineros a empresas que por su experiencia y capital estén en capacidad de desarrollar una minería con los más altos estándares ambientales, que es lo que denomina como minería sostenible.
Bajos costos y nuevas tecnologías hacen que recursos de energía solar y eólica, entre otros, puedan competir con los hidrocarburos en la generación eléctrica.
El congreso colombiano aprobó el martes la prohibición del uso de mercurio en proyectos industriales y de minería, al asegurar que la falta de regulación genera mayor exposición a sus efectos contaminantes. 
De la incorporación de reservas de gas del año pasado, la mitad lo aportó el proyecto La Loma.