Este artículo pretende responder inquietudes técnicas acerca de la minería del cobre en la República Argentina y explicar por qué la minería del metal rojo no se ha desarrollado como se preveía, después de la puesta en marcha de Bajo de la Alumbrera en 1996.
Por Nivaldo Rojas, presidente de Rojas & Asociados Consultores Mineros.
Victoria del Portete-Azuay.- Cientos de moradores, especialmente padres de familia se concentraron en los patios de la Escuela Ramón Ulloa de la comunidad de San Pedro de Escaleras, cuyo fin era escuchar a funcionarios de los Sectores Estratégicos sobre la implementación de una escuela del milenio con las regalías que dará la explotación minera en Kimsakocha.
A los funcionarios les escucharon por media hora y luego vinieron una gran cantidad de preguntas, hasta que los funcionarios no pudieron ocultar de donde iban a llegar los recursos para la obra, generándose un rechazo de todos los presentes, hasta pedirles que abandonen el lugar y evitar problemas, a los socializadores no les quedo otra cosa que retirarse.
El Consejo Comunal Diaguita de Guascoalto explicó que la multa máxima a aplicar por cada infracción es de US$ 10 millones, y que cada cargo detectado está fundado en un hecho.
Una reclamación de las comunidades acusó que la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente que multó a Pascua Lama por US$ 16 millones (que se rebajaron a US$ 12 millones) por incumplimientos a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) tiene un “conjunto amplio de vicios”, indicó el abogado de los indígenas, Lorenzo Soto, por lo que pidieron anular la resolución, moción que llevó al Tribunal Ambiental a pedir explicaciones a la SMA.
La Sala acogió todas las indicaciones propuestas por la comisión de Minería junto al gobierno, que reformuló gran parte del texto despachado por el Senado, incluyendo la variación en la fecha originalmente fijada en 2020, que se prorrogó al 2025, y todo lo relativo al sistema de licitaciones.
Por amplia mayoría, la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo alcanzado por el gobierno con parlamentarios de todos los sectores para viabilizar el proyecto de ley que amplia la matriz energética mediante fuentes de energías renovables no convencionales (ERNC).
Tribunal Unitario de Zacatecas ejecutará hoy mandato judicial. La empresa Goldcorp rehusó pactar una renta justa para seguir explotando la mina de oro a cielo abierto más grande de AL: abogado de ejidatarios
Zacatecas, Zac.- El magistrado Juan Rodolfo Lara Orozco emitió un mandato judicial expedito, con el cual ejecutores del Tribunal Unitario Agrario de Zacatecas acudirán este jueves a la mina Peñasquito para restituir físicamente a los 29 campesinos del ejido Cerro Gordo las 599 hectáreas que en 2005 rentaron a la empresa Goldcorp, de capital canadiense, operadora de ese yacimiento, informó el abogado de los demandantes, Alfonso Herrera Gómez.
GUADALAJARA, Jal., (apro).- Un grupo de hombres armados se presentó en el domicilio de Gaudencio Mancilla Roblada, integrante del Consejo de Mayores de la comunidad nahua de Ayotitlán, quien es uno de los principales opositores a la incursión de empresas mineras en la región.
El pasado lunes, los pistoleros llegaron alrededor de las siete de la tarde a la comunidad de Lagunillas, donde vive Mancilla Roblada, y preguntaron por él, informó el asesor del Consejo de Mayores Nahuas, Jaime Hernández Lamas.
Las concesiones mineras e hidroeléctricas del estado de Puebla no acatan la legalidad, pues ninguno de estos proyectos industriales fue consultado con las comunidades indígenas en donde se instalaron, principalmente en la Sierra Norte, según señaló el comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la Secretaría de Gobernación federal, Jaime Martínez Veloz, quien expuso que proyectos mineros como los de Zautla, Ixtacamaxtitlán o la hidroeléctrica de Olintla violan la Constitución al ser aprobados sin la autorización expresa de los habitantes y están generando responsabilidades que podrían tener consecuencias.
Alrededor de cuatro mil comuneros y ronderos de las provincias de Celendín, Cajamarca y del distrito de Bambamarca, capital de la provincia de Hualgayoc, llegaron hasta las cercanías de la laguna El Perol a fin de protegerla de la empresa minera Yanacocha que planea trasvasar sus aguas como parte de los trabajos del proyecto minero Conga.
Hasta la zona llegaron también cerca de mil efectivos de la División de Operaciones Especiales (Dinoes) de la Policía Nacional que tienen como tarea proteger las instalaciones de la empresa minera.
El día de hoy, diputados del Parlamento de la Unión Europea, solicitaron al presidente del Perú, Ollanta Humala que abandone definitivamente el proyecto Conga “Ya hubo demasiada violencia contra la resistencia pacífica en Cajamarca y es tiempo que escuche a las comunidades locales” concluía la carta de Catherine Grèze, Diputada europea, Coordinadora de la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo.
La Diputada Europea hace referencia a los conflictos sociales generados en el país a consecuencia de imponer un modelo extractivista en perjuicio de las poblaciones locales y expresa su preocupación por el caso del proyecto Conga, que ha levantado una fuerte oposición de parte de las poblaciones locales y que la resistencia pacífica ya ha costado cinco personas fallecidas en julio del 2012, a raíz de la represión policial, manifiesta en su carta.
Pueblos indígenas de esta región insisten en que la extracción de minerales causaría efectos irreversibles. Gobierno defiende que esta industria está en capacidad de prevenir impactos ambientales.
En la Amazonia viven 22 grupos indígenas, que ocupan el 55% del territorio.
Exactamente hace un año, en su intervención en la Cumbre Río+20, el presidente Juan Manuel Santos anunció una decisión bastante polémica: 17 millones de hectáreas en la Amazonia y la Orinoquia se convertirían en áreas de minería estratégica, con el fin de “lograr el crecimiento y el desarrollo sostenible del sector minero colombiano, bajo un concepto de responsabilidad técnica, ambiental y social”. Esa decisión quedó en firme con la resolución 0045 de junio de 2012, que en concreto busca seleccionar las empresas más calificadas para que hagan la explotación en la zona.