En la Conferencia de la Sociedad Civil Viena+20 [1], las organizaciones de defensa de los derechos humanos a nivel internacional debatieron, entre otros temas, la necesidad urgente de establecer normas vinculantes sobre los derechos humanos, aplicables a las empresas transnacionales

En el mismo sentido, presentado en la Conferencia, el informe “Impunidad S.A.”[2], publicado por el Transnational Institute (TNI) y el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), se centra en la vasta arquitectura de la impunidad que se ha desarrollado para satisfacer los intereses del capital transnacional.  

Impunidad S.A., que ha surgido como parte de la Campaña global “¡Desmantelemos el poder corporativo i pongamos fin a la impunidad!”, [3] destaca los “súper derechos” y los “súper poderes” de las empresas transnacionales a través de tres estudios de caso. En la publicación se describen los abusos y las violaciones de los derechos laborales fundamentales que se producen diariamente en las fábricas textiles exportadoras que trabajan para estas empresas, como la fábrica textil de Marruecos, que trabaja para la empresa española Inditex. Esto está sucediendo a pesar del discurso sobre la responsabilidad social corporativa y con el apoyo del Acuerdo de Asociación (AA) entre la UE y Marruecos, que no establece ningún mecanismo de sanción para acabar con las violaciones de los derechos fundamentales. Otro testimonio de una situación similar se encuentra en el caso de Centroamérica, donde destaca la profunda asimetría que caracteriza la firma del Acuerdo de Asociación entre esta región y la UE. En este caso, se examina la impunidad garantizada de la empresa española Pescanova en Nicaragua. El estudio de caso se centra en sus impactos negativos por lo que respecta a las precarias condiciones de trabajo, el desplazamiento de los pescadores locales, la destrucción de sus medios de subsistencia y la contaminación del medio ambiente de la región. 

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