La ilegalidad minera en Colombia se encuentra en el orden del 63%, está concentrada en la minería del oro, en primer lugar, y luego en las arenas y arcillas, y viene causando un elevado y preocupante impacto negativo sobre el medio ambiente, como se evidencia en el caso de las cuencas de los ríos Dagua (en el Valle del Cauca), y San Juan (en el Chocó).
Así lo pone de presente un Informe Especial de la Contraloría General de la República sobre «La Explotación ilícita de recursos minerales en Colombia, que dice que no solamente se encuentra el Estado lejos del minero y su entorno, sino que su presencia es reemplazada fácilmente por grupos al margen de la ley, que asumen su papel en la ilegalidad: otorgan «permisos», cobran «impuestos», imponen a su manera un orden social, sancionan y condenan con la fuerza de las armas en total impunidad, al margen de la Constitución y la ley.