– Según estudio técnico los cuatro reservorios que pretende construir Yanacocha en vez de activos ambientales y sociales se convertirán en pasivos ambientales y en una carga social.
Los reservorios proyectados para contener el agua que se pierda a raíz de la destrucción de lagunas y bofedales en el área donde se pretende ejecutar el proyecto minero Conga, en Cajamarca, jamás cumplirán las funciones ambientales y sociales que cumplen éstas y otros componentes del ecosistema actual.
El sábado 16 de marzo el municipio de Cuetzalan, en la Sierra Norte de Puebla, fue sede del foro informativo sobre hidrominería convocado por el Consejo Tiyat Tlali, (CTT), vocablos nahua y totonaco para decir tierra; el encuentro se da en el creciente número de concesiones que los gobiernos federal y estatal han dado a empresas extractivas, mexicanas y extranjeras.
Ante campesinos provenientes de los municipios serranos de Cuetzalan, Ixtepec, Caxhuacan, Zautla, Hueytlamalco, Huehuetla, Tlatlauqitepec, Ahuacatlan, Jonotla, Xicotepec de Juárez, Mazatepec, Huitzilan y Olintla, Tuzamapan, el párroco Mario Pérez hizo mención de la espiritualidad como fuente de alimento que nos fortalece; y denunció la explotación irracional al cuestionar el modelo económico actual pues trae consigo devastación, que provoca que la población sea expulsada de sus tierras.
Hace unas décadas se podía expropiar tierras para el desarrollo de proyectos mineros. Lo podía hacer no sólo el Congreso sino también el Ejecutivo. Hoy en día esto ha cambiado pues para los proyectos mineros se requiere contar con un acuerdo previo con el propietario –individual o comunal– del terreno superficial o, en su defecto y en casos muy particulares, una servidumbre impuesta por el Ministerio de Energía y Minas.
Por su parte, sobre la propiedad comunal, el artículo 89º de la Constitución señala que las Comunidades Campesinas y Nativas son autónomas en el uso y la libre disposición de sus tierras, dentro de lo que la ley establece.
La Organización Familia Pasta de Conchos relanzará su Campaña por un cuerda de vida para los mineros del carbón y sus familias , bajo el lema, Rescatar a los vivos para honrar a los muertos, ante el 7º Memorial del siniestro ocurrido en 2006, en la mina 8 Unidad Pasta de Conchos de Minera México de Grupo México, que arrancó la vida de 65 de nuestros seres queridos y que mantiene, luego de 84 meses, los restos de 63 mineros, sin que podamos darles sepultura conforme al derecho humanitario.
El director ejecutivo del Fondo Humanitario de la unión y líder del Departamento Nacional de Asuntos Globales y Laborales, Doug Olthuis, dijo que desde el 14 de febrero iniciaron una investigación en donde constataron violaciones por parte de la empresa.
Tras una visita al ejido La Sierrita, municipio de Tlahualilo, representantes del Sindicato de Trabajadores del Acero (United Steelworkers) de Canadá, informaron que harán la denuncia pública en su país sobre las condiciones en las que trabaja la empresa Excellon en México, y presionarán a su gobierno para que le exija cumplir con los mismos lineamientos que operan en aquel país.
Laura Ramírez, activista canadiense, se pronunció en contra de las empresas mineras que saquean los recursos naturales de comunidades pobres del estado de Oaxaca, siendo el caso de la empresa minera Cuzcatlán de la canadiense Fortuna Silver Mines, que inició sus operaciones sin el consentimiento de la comunidad.
En rueda de prensa, apuntó que esta empresa ocasiona problemas graves, ya que deben hacerlo en base a un programa en conjunto con la gente local a fin de tener beneficios juntos.
La Secretaría de Economía (SE) y la Cámara Minera de México (Camimex) mantienen posiciones encontradas respecto del sistema de contribuciones para las empresas mineras, pues el gobierno quiere cambiarlo y los industriales prefieren mantenerlo.
“Con la legislación que tenemos, podemos seguir creciendo y manejando la minería”, replicó Humberto Gutiérrez-Olvera, presidente de la Camimex, cuestionado sobre la necesidad de hacer cambios en el sector.
Un juez ha suspendido todas las actividades de empresas mineras el lunes recién pasado en cerca de 50.000 hectáreas de tierras indígenas en el noroeste de Colombia, informaron medios locales.
En una acción «sin precedentes», el fallo resolvió que todas las actividades mineras y de exploración de 49.421 hectáreas de territorios pertenecientes a comunidades indígenas del pueblo Embera Katío han sido suspendidas durante un plazo de seis meses debido a la falta de consulta y proteger a las comunidades, según el periódico El Tiempo.
– Las provincias de la sierra liberteña presentan elevados porcentajes de sus territorios concesionados a la minería, como Otuzco, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Gran Chimú y Pataz, cuyos impactos en las fuentes de agua ya se pueden apreciar y que ocasionan malestar y potenciales conflictos.
La región La Libertad está situada en la parte noroeste del país, ocupa gran parte de la costa norte en su parte occidental y una gran sección de la Cordillera de los Andes. Su territorio fue cuna de grandes civilizaciones del antiguo Perú. Allí se desarrolló la cultura Moche como la cultura Cajamarca.
En Victoria del Portete, un grupo de 50 personas realizaron ayer un acto de resistencia a la criminalización y en apoyo a los dirigentes comunitarios Carlos Pérez Guartambel, Federico Guzmán y Efraín Arpi, quienes tienen una sentencia que cumplir de ocho días en la cárcel por el delito de interrupción del servicio público.
Pérez informó que el pasado viernes instauraron una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional para que deje sin efecto la sentencia condenatoria, sin embargo, está consciente que aquel proceso podría tomar su tiempo y tampoco tiene confianza en el sistema judicial, por ello prevé que ésta semana, una vez finalizadas las elecciones, llegue la orden de prisión.