El 14° Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, elaborado por las organizaciones no gubernamentales Grufides, CooperAcción y Fedepaz, en esta edición hace un balance de los conflictos por macro regiones: sur, centro y norte. Si bien es cierto, es menor el número de conflictos así como su intensidad, pues los estallidos sociales del 2012 (Conga, Espinar y otros) no se han reproducido; la balanza ha girado hacia el sur andino, siendo además la región que concentra el 53% de inversiones mineras del país. Apurímac es el departamento que concentra este año el mayor número de conflictos sociales.
El informe hace un análisis del impacto del recién aprobado Proyecto de Ley que establece un conjunto de medidas tributarias, la simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país. Este proyecto de Ley debilita las funciones del Ministerio del Ambiente (MINAM), ejemplo de ello es que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) priorizará temas de educación y difusión de la normativa, dejando de lado su función principal que es la de sancionar por tres años.
Asimismo, el MINAM ya no podrá crear áreas naturales protegidas, tampoco fijará los Estándares de Calidad Ambiental y los Límites Máximos Permisibles, entre otros. Este paquete de reformas legislativas recuerda a los Decretos Legislativos que originaron los trágicos sucesos de Bagua.
Este paquete es una respuesta a las presiones de los círculos empresariales que desataron una fuerte campaña desde el año pasado señalando que la economía del país se estaba desacelerando, incluida la minería. Sin embargo, no se puede ser tan categórico en el caso de este sector, pues pese a la caída de los niveles de producción del oro y las menores cotizaciones internacionales, la evolución del PBI minero metálico podrá seguir siendo positiva en los próximos años, sustentada sobre todo en el salto productivo del cobre, que en principio se duplicaría hasta el 2016. Asimismo, las cifras oficiales del Ministerio de Energía y Minas muestran que las inversiones en minería se incrementaron un 18% entre el año 2011 y 2012, superando en el 2013 los US$ 9,700 millones.
El informe sostiene que las bases objetivas que explicaban el aumento de los conflictos vinculados a las actividades mineras no han cambiado. Además, con la aprobación de ese paquete no sería extraño que aparezcan nuevos escenarios de conflictividad asociados a esta medida. Según el informe de la Defensoría del Pueblo, correspondiente al mes de mayo, se reportan 135 conflictos socioambientales, es decir, el 63,7% del total (212). De éstos, el 74,1% están vinculados a conflictos generados por la actividad minera (100 casos), situándose a la cabeza de la lista. Además, según los últimos datos, el 20,23% del territorio peruano se encuentra concesionado, es decir casi 26 millones de hectáreas.
Otro aspecto que caracteriza este momento es el calendario electoral. Este hecho tiene una fuerte influencia, pues los conflictos mineros tienden a “electoralizarse”, de tal manera que los diferentes actores (líderes sociales y empresas mineras) buscan canalizar sus expectativas, demandas y propuestas. Está claro que para las empresas mineras las elecciones son un escenario clave en este periodo y lograr alcaldes funcionales a sus intereses es un objetivo central.
Uno de los conflictos más relevantes del primer semestre ha sido el de los mineros informales y la organización de la denominada Marcha de los Cuatro Suyos. A pesar del nuevo Decreto Supremo que se promulgó el 20 de abril, por el cual el Gobierno ha puesto en marcha la llamada Etapa de Saneamiento, -que en realidad es una interpretación más flexible de los plazos del proceso de formalización (El Decreto Legislativo N°110 estableció como fecha límite el 19 de abril)-; lo cierto es que los problemas estructurales que han minado hasta ahora el proceso de formalización minera se mantienen y plazos más o menos flexibles no garantizan mayor efectividad (la nueva estrategia tiene como objetivo final el año 2016).
Esta realidad pone de manifiesto la necesidad de un Estado con capacidad de actuación multisectorial; además de la coordinación eficiente entre los diferentes ministerios y diversos organismos estatales, es necesario articular con las regiones. Conviene recordar que de los 59,556 mineros que se han inscrito en el Registro Nacional de Declaración de Compromisos, apenas 100 mineros han cumplido con los requisitos. En definitiva, se sigue constatando que desde el Estado no se cuenta con estrategias integrales, con capacidad de intervención multisectorial sostenida en el campo para enfrentar un fenómeno que ha alcanzado niveles alarmantes en varias regiones de país.
La macro región sur. Las regiones de Apurímac, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna concentran algo más del 35% de los conflictos sociales que se producen en el país, en su gran mayoría vinculados a la actividad minera.
De estas regiones, Apurímac es, según la Defensoría del Pueblo, la zona que registra el mayor número de conflictos sociales a nivel nacional, representando los socioambientales el 64% de los mismos. Además, el 68% del territorio está concesionado a la industria minera. Entre las principales causas de conflictos destacan temas vinculados al acceso y afectación de fuentes hídricas, el incumplimiento de compromisos asumidos por las empresas y autoridades nacionales, el uso de tierras sin autorización y la creciente actividad minera informal. Incluso episodios de violencia comienzan a aparecer en el escenario vinculado a la minería informal, como el asesinato de la familia del dirigente de los mineros artesanales de la comunidad de Pamputa, Carmelo Anjo, ocurrida el 19 de septiembre de 2013.
Algunos hechos que, sin duda, marcarán la agenda en esta región en los próximos años son: en primer lugar, la concreción de la venta del proyecto Las Bambas a la empresa china Minmetales por US$ 5,850 millones, y en segundo lugar, el anuncio de una nueva modificación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Las Bambas.
Puno es el tercer departamento con el mayor número de conflictos sociales, después de Apurímac y Ancash, con un total de 18 casos, de los cuales la mitad responden a problemas socioambientales principalmente vinculados a la actividad minera. Uno de los temas más complejos en esta región es el de la minería informal y minería artesanal que impactan desde hace varios años las reservas y captaciones de agua de las cuencas de los ríos Suches y Ramis. En cuanto a la minería formal, se registran denuncias de poblaciones por la actividad de Minera La Poderosa, Minsur, Bear Creek, Arasi S.A. y Sillustani. Las demandas giran en torno a los pedidos de consulta previa y temas de compensación por los impactos ambientales.
En la región Cusco, el 23% de su territorio está concesionado a la minería, y el 84% de los conflictos (más de 11 al mes) son por razones medioambientales, vinculados una gran parte de ellos a la minería. Comparte las causas de los conflictos que afectan a Apurímac. Los conflictos alrededor de la gran minería también aparecen en la agenda, siendo el más conocido el de la provincia de Espinar, en torno a las operaciones de la mina Tintaya, en proceso de cierre y el del nuevo proyecto de Antapaccay, propiedad del conglomerado suizo Glencore-Xtrata.
Arequipa (48,4% de su territorio concesionado) aparece, en comparación con las anteriores regiones mencionadas, como una zona con menores niveles de conflictividad, aunque sí registra algunos casos de conflictos largos y complejos, como es el caso Tía María de la Southern Perú que ha vuelto a la palestra este año tras ser relanzado, luego de varios años de paralización por la oposición de la población al proyecto. La empresa ha señalado que no escatimará gastos para sacar adelante el proyecto y se anuncia que el nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) será aprobado próximamente. Alrededor de este caso no se registra un proceso de diálogo formal.
Moquegua es una región con el 70,6% de su territorio concesionado a la industria minera, y presenta bajos índices de conflictividad. No obstante, en los últimos meses se han registrado en promedio tres conflictos sociales activos, uno de ellos de carácter socioambiental vinculado a la presencia de la empresa minera Southern, que mantiene actividades de extracción, fundición y refinería en dos provincias de la región. Otro tema importante en Moquegua es el posible desarrollo del proyecto Quellaveco de la empresa Anglo American.
Finalmente, en Tacna- con el 53,9% de su territorio concesionado a la minería- también se ubica la empresa minera Southern por más de cincuenta años, explotando el yacimiento de Toquepala. Adicionalmente, desde el 2012, la empresa Minsur realiza actividades de exploración en el proyecto Pucamarca, muy cerca de la frontera con Chile.
La macro región centro. Esta zona muestra el renacer de un dinamismo productivo en minería con problemas ambientales que se arrastran.
En Junín, -con el 27% de su territorio concesionado a la minería-,la entrada en producción del mega-proyecto Toromocho, de la empresa Chinalco, se reafirma todo un corredor minero dinámico y con proyección para nuevas inversiones. Este proyecto avanza pese a tener varios temas pendientes que no han sido solucionados: la falta de diálogo y los problemas ambientales y sociales por el reasentamiento del distrito de Morococha siguen sin solución, a lo que se le suma un inicio accidentado de la fase productiva.
Los administradores del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO), en su intento por salir de la crisis, continúan apostando por la reestructuración, aunque ello le cueste la oposición de los trabajadores. Los problemas financieros y laborales de esta corporación están llegando a un punto crítico con el reciente anuncio de la paralización de las operaciones y por el hecho de que el pasado 10 de junio, la Junta de Acreedores de DRP aprobó finalmente el plan de venta del complejo de La Oroya y la mina de Cobriza, presentado por el banco de inversión suizo UBS. La fecha anunciada para la venta es el próximo 8 de diciembre. Entre los posibles compradores interesados de este complejo con más de 90 años de funcionamiento y que requiere una inversión aproximadamente de US$ 768 millones para su modernización están la empresa Cormin (Trafigura), Buenaventura, Volcan y Glencore. Finalmente, dos temas de fondo que siguen sin abordarse en La Oroya: el estado actual de la población (por exposición a los gases tóxicos) y la responsabilidad de la remediación de los suelos que recae en el Estado peruano.
En la región Pasco, donde el 17,6% de su territorio está concesionado a esta industria, la situación parece ser la misma año tras año. Un Estado ausente para encarar el proceso de reasentamiento involuntario que no termina de reglamentarse y que tampoco enfrenta el grave problema de contaminación del aire, suelo y agua, que afecta la salud de la población a niveles muy elevados. De las doce empresas que trabajan en Pasco, cinco están vinculadas a la empresa Volcan, que en la última década ha logrado consolidarse y expandirse a través de empresas subsidiarias. A nivel de fiscalización ambiental, en febrero del 2014, el OEFA impuso dos multas por un total de 250 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) a Volcan por infringir la normativa ambiental en la Unidad Minera de Cerro Pasco. Pese a estos recurrentes problemas ambientales, Volcan tiene proyectado seguir creciendo en Pasco, con una explotación diversificada en metales base y preciosos.
La macro región norte. Esta zona ha estado fuertemente vinculada al proceso de expansión minera y ha sido el epicentro de una fuerte conflictividad en diversos momentos. Cajamarca, Piura y ahora también Amazonas y Lambayeque son casos representativos de varios ejes centrales de la conflictividad social vinculada a la minería en lo últimos años.
Amazonas cuenta con el 6,7 % de su territorio concesionado a la minería. Durante el primer semestre de 2014 la Defensoría del Pueblo reportó sólo un conflicto minero en esta región -que nace en el 2008-: el caso entre comunidades nativas del distrito de El Cenepa y las empresas mineras que proyectan actividades en sus territorios; específicamente la Compañía Minera Afrodita en la Cordillera del Cóndor, por los riesgos de impactos negativos e irreversibles en los frágiles ecosistemas de la zonas y las fuentes de agua que son el sustento de sus habitantes, quienes temen que un futuro cercano se repita el trágico escenario de Madre de Dios. Las organizaciones indígenas consideran que es ahora el momento adecuado para suspender el otorgamiento de más concesiones mineras y restituir la extensión inicial acordada en 2004 del Parque en la Cordillera del Cóndor como área natural protegida. Si bien la empresa insiste en la titularidad directa e indirecta de varias concesiones mineras en esta cordillera, aún no inicia los trámites necesarios para la explotación de oro a tajo abierto que se había proyectado en la zona.
Cajamarca cuenta con el 40,2% de su territorio concesionado a la industria minera. Esta región mantiene una participación estelar en la cartera de inversiones mineras ocupando el tercer lugar en el ranking. Además registra un gran número de conflictos, el 92% de ellos por causas socioambientales, mayoritariamente relacionados con la actividad minera. Sin duda, el conflicto más importante sigue siendo el del proyecto Minas Conga. Como se sabe, el proyecto pretende explotar dos depósitos con contenido de cobre, oro y plata, afectando todo un sistema de lagunas alto andinas, lo que ha provocado el rechazo y reacción de la población al mismo. En abril se retomaron las movilizaciones, y en mayo la DINOES intervino a un grupo de personas. En ese mismo mes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre las medidas cautelares sobre el caso Conga solicitadas por varias organizaciones. Este organismo exige al Estado peruano que adopte una serie de medidas para garantizar la vida y la integridad de líderes cuya vida e integridad personal están amenazadas y en riesgo. Además, la detención del presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, ha causado sorpresa y preocupación, y se especula que es una suerte de “sanción” por oponerse al proyecto Conga.
Piura, con el 30,6% de su territorio concesionado, figura entre las regiones con mayor conflictividad socioambiental. En el semestre, los principales casos de conflicto están vinculados a la creciente presencia de la actividad minera informal, sobre todo en el distrito de Suyo, en la provincia de Ayabaca; y en el distrito de Las Lomas, en Piura; lo que está generando un clima de inseguridad y violencia entre los comuneros, y está afectando las actividades tradicionales de la zona, como es la agricultura. Aunque no hay cifras oficiales, la minería ilegal instalada en el distrito de Suyo, produciría aproximadamente 8 mil kilos de oro al año. Los dirigentes de los mineros de La Servilleta, en Suyo, participaron con una delegación en la protesta nacional denominada Marcha Minera de los Cuatro Suyos, realizada en el mes de marzo y que llegó a la ciudad de Lima. Asimismo, dos casos han marcado la agenda en esta región: el proyecto Tambogrande y el de Río Blanco. En ambos casos, luego de situaciones de enfrentamiento entre la población y los promotores de proyecto, las organizaciones sociales y las autoridades municipales organizaron procesos de consulta que mostraron con claridad y contundencia el rechazo a los respectivos proyectos.
Finalmente, Lambayeque no es una región que haya estado vinculada a la actividad minera en el país, pero han avanzado las actividades de exploración en los últimos años (25% del territorio concesionado a la minería). Sin duda, el caso más conocido es el del proyecto Cañariaco, ubicado en el distrito de Cañaris. Se ha convertido en un caso relevante porque se trata de una comunidad campesina, reconocida formalmente como indígena, que reclama su derecho a la consulta previa, libre e informada frente a la posibilidad que se desarrolle el proyecto minero. Además de la ausencia de un proceso de consulta, existen serios cuestionamientos a los permisos del uso del terreno superficial. Del otro lado, la denuncia de la comunidad de San Juan Cañaris presentada a la CIDH se encuentra en trámite y ya ésta habría remitido al Estado para que realice sus descargos. En cuanto a la Mesa de Desarrollo instalada desde enero de 2013 y que ha concluido en marzo de 2014, el Gobierno dio por concluida su labor; sin embargo, ha mostrado esta mesa serias limitaciones que han puesto de manifiesto la ausencia de una perspectiva de desarrollo local y clara situación de relación asimétrica entre los actores.