26/06/2024
Desde CooperAccion manejamos la hipótesis de que la conflictividad social vinculada a la minería ha cambiado y, en escenarios cada vez más complejos, aparecen con mayor fuerza diferentes tipos de conflictos. Por ejemplo, destacan los casos relacionados con la minería informal y la abiertamente ilegal en varios departamentos del país y en las zonas con presencia de minería formal, se proponen agendas diversas: oposición a la entrega de concesiones mineras; negociaciones complejas de aportes económicos a través de convenios marco, entre varias otras demandas.
Algunos ejemplos de estos escenarios complejos y diversos: en Ayacucho, el pasado 9 y 10 de abril se llevó a cabo un paro agrario que tenía como agenda central el rechazo a las concesiones y actividades mineras. Si bien la protesta se inició en Vilcashuamán, el paro fue de carácter regional y se concentró en la ciudad de Ayacucho, donde se suspendieron clases, se bloquearon algunas avenidas principales y se cerraron locales comerciales.
Por otro lado, en Cajamarca, los frentes de Chetilla, El Ronquillo y Cajamarca, se movilizaron y emitieron un comunicado rechazando la ejecución del proyecto Colpayoc. La población exige la nulidad de la Resolución Directoral N. 169-2023-MEM-DGAAM, que aprobó la ficha técnica ambiental de exploración en el cerro Colpayoc, zona que es considerada como una importante cabecera de cuenca de los ríos Jequetepeque y Ronquillo.
En Cotabambas, la negociación sobre el aporte económico de la empresa propietaria de Las Bambas a la provincia sigue siendo un tema de controversia. Mientras que la empresa plantea el esquema de “obras por impuestos”, la población propone un aporte de 100 millones de soles por año. El entrampamiento de las negociaciones provocó un paro de 48 horas el pasado 18 y 19 de junio.
En el Valle de Tambo, el rechazo al proyecto minero Tía María se mantiene. Frente a las versiones de la empresa Southern que, supuestamente, tendrían una mayor aceptación de sectores de la población, se publicó un comunicado firmado por un conjunto de representantes de diversas organizaciones sociales de la zona y personalidades, en el que se ratifica que el proyecto minero Tía María y la Tapada es inejecutable.
Otro conflicto, en este caso vinculado a la minería ilegal en la Amazonía, es lo que viene pasando con el pueblo indígena awajún. El pasado 8 de junio, la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas de la Frontera Norte (ODECOFROC) inició un bloqueo en el río Comainas, a la altura de la comunidad de Canga, en el distrito de El Cenepa (zona fronteriza con Ecuador), para impedir el ingreso de mineros ilegales a las comunidades de Kusu Kubaim y Pagata. Como parte de este operativo fueron detenidos 10 mineros.
Todos estos casos muestran la diversidad de agendas y una clamorosa ausencia del Estado peruano en los territorios. Los pueblos indígenas amazónicos exigen la presencia del Estado para que enfrente a la minería ilegal que los afecta, pero hasta el momento no reciben ninguna respuesta. En otras zonas los reclamos son diversos (económicos, sociales, ambientales) y el común denominador es que las autoridades siguen sin asumir su rol de facilitadores de acuerdos serios y duraderos. Y, menos aún, ni siquiera cumplen con garantizar los derechos de la población.
Es fundamental la presencia del Estado en los territorios, para que se pueda actuar de manera preventiva frente a posibles conflictos y no como ocurre en la actualidad. Además, cualquier estrategia preventiva no puede excluir a los actores originarios, a sus organizaciones y autoridades. Una lectura diferente y alternativa sobre los conflictos apunta a afirmar que no se puede entender lo que viene ocurriendo en territorios con presencia minera sino como el mantenimiento de una situación caracterizada por un conjunto de asimetrías. Estas asimetrías deben ser enfrentadas.