Economista Rafael Correa Delgado
Presidente de la República del Ecuador
Señor presidente:
Hemos sido informados sobre la situación en que se encuentra nuestro compañero Javier Ramírez, presidente de la comunidad de Junín, defensor de la vida y la naturaleza y acusado injustamente a causa de su liderazgo en procesos comunitarios que defienden las fuentes de agua amenazadas por actividades mineras a gran escala en la zona de Intag.
Como organización comprometida con la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza nos preocupa que esto ocurra en un país como Ecuador, que ha ratificado múltiples tratados internacionales que garantizan los derechos humanos y de quienes son sus defensores; que tiene una Constitución que establece el derecho fundamental al agua, garantiza la soberanía alimentaria, reconoce el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales.
Más aún, la Asamblea Constituyente de 2008 otorgó amnistías a cientos de personas defensoras de la naturaleza reconociendo que “varios hombres y mujeres de nuestro país se han movilizado en defensa de la vida, de los recursos naturales y el ambiente; en contra de las compañías que han devastado el ecosistema, movidos por la desatención y el abandono; los afectados han realizado varias acciones de resistencia y protestas (primer considerando), así también, que “algunos de ellos han sido reprimidos y luego enjuiciados por delitos políticos y comunes conexos con los políticos, en algunos casos por compañías nacionales y extranjeras, en otros por intermediarios e inclusive por funcionarios públicos (segundo considerando)
El proyecto minero en Llurimagua, que utilizará grandes cantidades de agua y provocará su contaminación y acidificación así como la destrucción de sus nacientes, es sin duda un enorme riesgo para los ecosistemas y comunidades de Intag. Es por ello que consideramos legítimo que se defienda la naturaleza, apelando a sus derechos constitucionales, y se reaccione también legítimamente frente a las amenazas de destrucción que este tipo de proyectos mineros conllevan.
Sabemos por experiencia que los proyectos mineros van en la dirección opuesta del buen vivir y no deberían tener cabida en un país como Ecuador, que apuesta a mejorar las condiciones de vida y sus comunidades y la naturaleza.
Vemos con profunda preocupación que se vulnere el derecho a la resistencia contra proyectos de minería industrial, como el que se pretende implementar en Intag, afectando los sistemas de agua que alimentan ecosistemas formados por ríos y esteros necesarios para la vida. No podemos aceptar que el ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución ecuatoriana se traduzca en acciones represivas que terminan criminalizando a quienes defienden la naturaleza y los derechos de las comunidades.
Condenamos la detención sin fundamentos legítimos de nuestro compañero Javier Ramírez y exigimos se respete el derecho a luchar por un medio ambiente libre de extractivismo depredador, empobrecedor y destructor de la naturaleza, y se le ponga de inmediato en libertad.
Llamamos a las organizaciones nacionales e internacionales que defienden los derechos humanos y la naturaleza, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a Organismos de las Naciones Unidas y la Unión Europea a tomar esto en cuenta y pronunciarse sobre la insólita detención del compañero Javier Ramírez.
Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina
OCMAL (somos más de 40 organizaciones en la región)
17 de abril de 2014
CC:
Dr Andrés Segovia
Secretario de la Asamblea Nacional
Dr. Galo Chiriboga
Fiscal General
Dr. José Serrano
Ministro del Interior
Dra. Johanna Pesántez
Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
Dr. Ramiro Ribadeneira
Defensor del Pueblo
Dr. Carlos Ramírez
Presidente de la Corte Nacional de Justicia