Santa Rosa de Copan 5 de Junio del 2008
Lic. Tomas Vaquero Ministro del Ambiente SERNA
Distinguido señor Ministro:
Reciba un caluroso y sincero saludo, deseando se encuentre muy bien al frente de sus múltiples e importantes actividades que desarrolla al frente de ese Ministerio.
Desde el año 2004, se solicitó la reforma de la Ley General de Minería de manos del Cardenal Oscar Andrés Rodríguez, quien entregó este documento al entonces presidente del Congreso Nacional Porfirio Lobo Sosa, el cual terminó su legislatura sin la aprobación de las mismas.
El 25 de julio de 2006 la ACD, que aglutina a diferentes sectores sociales y geográficos de toda la nación, ha venido proponiendo la derogación del decreto 292-98, por considerarla inconstitucional y lesiva a los intereses del pueblo hondureño en general.
El 4 de octubre del 2006 la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de 13 artículos de dicha ley, lo que ratificó lo expresado por la ACD, quien planteaba una nueva Ley por los vicios de ilegalidad y atropello a la Constitución de la República. Esta declaratoria confirma que la posición de la ACD por una nueva ley de minería es justa y necesaria para el respeto a los derechos humanos, el respeto a la soberanía nacional, la protección del medio ambiente, el fortalecimiento de la democracia, la gobernabilidad, y la perpetuidad del Estado de derecho.
El 18 de octubre de 2006, tal como se acordó con el Presidente Roberto Micheletti Bain y el resto de la Junta Directiva del Congreso Nacional, la ACD presentó la propuesta de una nueva Ley de Minería, que entre otras cosas planteaba tres puntos trascendentales:
1. Garantizar la protección ambiental y la salud de la población, eliminando el uso de cianuro y cualquier otra sustancia tóxica y sobre todo evitando el método de explotación a cielo abierto.
2. Considerar la opinión de las comunidades locales (cabildos abiertos y/o plebiscitos) para que participen en la apertura de nuevas Licencias y evitar entregar la soberanía nacional a enclaves internacionales, y así demostrar en la práctica el poder de decisión y fortalecimiento de la gobernabilidad local.
3. Defender la soberanía del Estado hondureño sobre sus recursos naturales, para evitar que más del 30% del territorio nacional o más, sea apropiado por las Empresas Mineras.
A partir del mes de Agosto del 2007 hemos estado participando en el proceso de concertación con todos los sectores del Pais, en el análisis y discusión del Proyecto de Reformas a la Ley de Mineria por considerar que tiene valiosos aportes que en su momento fueron incorporados según las aspiraciones de la ACD.
El 10 de Diciembre del 2007 se hizo la ultima reunión de concertación entre todos los sectores incluyendo a la ANAMIMH y según el señor diputado y Presidente de la Comisión de Dictamen de las Reformas a la Ley de Mineria Arnoldo Aviles al haberse llegado a puntos totalmente irreconciliables y que ya no era posible continuar el proceso de concertación, el proyecto de Reformas a la Ley se presentaría al Congreso Nacional para su aprobación en tercer y ultimo debate según había sido concensuado y que en los puntos que no hubo consenso como en el caso del Articulo 56B que prohíbe la Mineria a Cielo Abierto y el uso del Cianuro y cualquier otra sustancia toxica la redacción quedaría igual y que seria en el Congreso Nacional que se decidiría su redacción y aprobación final.
En el mes de Febrero del 2008 recibimos de parte del diputado Arnoldo Aviles, copia del Dictamen del Proyecto de Reformas a la Ley de Mineria y nos extraña sobremanera que en el documento ya no aparece el articulo 56B, sobre la prohibición de la Mineria a cielo Abierto en Honduras.
El día 12 de Septiembre del 2007 el señor Presidente del Congreso Nacional Roberto Michelleti Bain expresa a una Comisión de Legisladores de Canadá y Londres Inglaterra que:”Las Reformas a la Ley de Mineria pasarían al Congreso Nacional a mas tardar a finales del mes de Noviembre del 2007 y que solo esperaba una opinión de la Dirección Ejecutiva de Ingresos DEI, sobre los impuestos que debían pagar las Empresas Mineras”.
Sin embargo esto no se dió y hasta la fecha existe incertidumbre por saber cuando realmente se continuara en el Congreso Nacional con la discusión del tercer y ultimo debate.
Con fecha 23 de Noviembre del 2006, la señora Rebeca Patricia Santos Ministra de Finanzas envía al señor Abogado José Ángel Saavedra Paz, primer Secretario del Congreso Nacional el análisis realizado sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia referente a la Declaratoria de inconstitucionalidad de 13 Artículos de la Ley de Mineria, la señora Ministra afirma lo siguiente:
a) La autoridad Hondureña encargada de la actividad minera, debe asentarse en una entidad con suficiente capacidad y facultad jurídica, para poder discernir sobre el otorgamiento de una concesión.
b) El Estado debe reservarse la explotación de ciertas sustancias y minerales estratégicos como: El petróleo, uranio, Litio, Carbono y otros.
c) El rendimiento obtenido por pago de Canon territorial y canon de Beneficio es muy raquítico y deben revisarse estos parámetros considerándose que son recursos no renovables.
d) Las mineras se benefician del Impuesto sobre Ventas, ya que de acuerdo a la Ley tributaria todas las exportaciones tienen tasa cero, es decir no pagan la exportación del bien y tienen devolución del impuesto pagado en cualquiera de los insumos gravados utilizados o incorporados en los productos.
e) La legislación minera vigente establece sus propios mecanismos para resolver controversias y procedimientos administrativos, dejando a la legislación ordinaria como supletoria.
Para finalizar queremos manifestarle que no queremos, que se extienda a otros puntos de Honduras, lo que está sucediendo en el Valle de Siria, el Lago de Yojoa, y las aldeas de San Miguel, Azacualpa, Platanares y San Andrés del Municipio de La Unión Copán, como ser las consecuencias de la explotación minera, que evidencian un total deterioro del ambiente y de la salud humana. Hay otros ejemplos de lo que ha ocurrido en minas abandonadas como San Juancito, Francisco Morazán, la aldea de Sula, municipio de Macuelizo Santa Bárbara y en las aldeas de Valle de Ángeles de Agua Amarilla, Cerro Grande, Las Cañadas, Choluteca y El Retiro, donde hay todavía contaminación por el aluminio en el agua que toma la población. (Véase Diario La Tribuna, martes 6 de febrero 2007, pagina 14).
La Alianza Cívica por la Democracia espera que durante su gestión se den logros importantes que garanticen esa seguridad jurídica a las comunidades que hoy exigen proteger su ambiente; donde además el compromiso como autoridades es fundamental para lograr la protección de los pocos recursos naturales que van quedando en el Pais y que esto solo sera evidente a través de la aprobación de una ley justa acorde con las necesidades de los desprotegidos de Honduras, sobre todo en un momento que la temática relacionada con el cambio climático toma mayor fuerza. Estamos seguros de su sensibilidad en el tema y de antemano esperamos contar con su apoyo.
Atentamente,
Monseñor Luís A. Santos Francisco Machado Leiva
ACD ACD